Contrato de Secuestro

FACULTAD DE DERECHO

ESCUELA ACADÉMICO PROFESIONAL DE DERECHO

EXPERIENCIA CURRICULAR DE DERECHO CIVIL “CONTRATOS”

TÍTULO “CONTRATO DE SECUESTRO”

AUTORES

HUERTA TAMAYO, ALAN LLIUYA VELÁSQUEZ, ANTHONY ZACARIAS DOCENTE

MARIANA OJEDA CHU

HUARAZ – PERÚ 2017-II

Derecho Civil – Contrato de Secuestro

A Dios por darnos salud y guiarnos por el buen camino, a nuestras familias por el apoyo material y moral de carácter

incondicional.

A

nuestros profesores por la ayuda

brindada

transmitirnos conocimientos.

2

y

por sus


El contrato de secuestro posee gran afinidad con el proceso cautelar según la modalidad de secuestro conservativo, ya que el contrato de secuestro presenta una finalid ad cautelar. Esto ha generado una visión procesal del secuestro. El contrato de secuestro no es una categoría contractual nueva en nuestra legislación civil. En efecto, aparece con el primer Código Civil, el de 1852, regulado dentro del contrato de depósito, para luego desaparecer durante la vigencia del Código Civil de 1936. Aparece nuevamente con el Código Civil de 1984, pero como figura contractual típica. Su permanencia es discutida en la legisl ación civil, debido a la confusión existente en torno a esta figura contractual, y a que se le aprecia, fundamentalmente, como una modalidad especial e independiente del contrato de depósito, la figura general. Entre los juristas nacionales, como Arias-Schereiber, defiende las bondades del contrato de secuestro: “Creemos, empero, que debe mantenerse, pues no irroga perjuicio alguno”. Tanto en el ámbito internacional como nacional, el contrato de secuestro no tiene un tratamiento doctrinal y normativo exhaustivo que haga posible un análisis completo sobre la materia y permita avizorar nuevos horizontes en el futuro.

CONTENIDO

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Pág. Dedicatoria……………………………………………………………………….….… 2

Introducción…………………………………………………………………………… 3 CAPÍTULO I

MARCO TEÓRICO 1.1 Conceptos Generales……………………………………………………….……. 5 1.1.1. Antecedentes históricos………………………………………………….. 6 1.1.2. Caracteres jurídicos del secuestro……………………………………….9 2.1. Secuestro…………………………………………………………………………..11 2.1.1. Definición…………..………………………………………………………. 11 2.1.2. Formalidad Ad solemnitatem……………….……………………………. 12 2.1.3. Administración del bien…………………………………………………... 13 2.1.4. Terminación de pleno derecho .…………………………………………..14 2.1.5. Enajenación del bien .……………………………………………………...15 2.1.6. Incapacidad o muerte del depositario.…………………………………. .16

2.1.7. Responsabilidad Solidaria.……………………………………………….. 17 2.1.8. Desposesión……………………………………………………………….. 17 2.1.9. Liberación del depositario.……………………………………………….. 17 2.1.10. Entrega del bien………...……………………………………………….. 18

2.1.11. Remisión………-………...……………………………………………….. 18 3. Bibliografía ……………………………………………………………………………20 CAPÍTULO I 4


MARCO TEÓRICO 1.1 Conceptos Generales 1.1.1 Antecedentes históricos, diferencias con el depósito voluntario, sujetos, caracteres jurídicos y objeto de la prestación. El contrato de secuestro, llamado también secuestro convencional, es aquel en virtud del cual dos o más personas confían a un tercero la custodia y conservación de un bien o una pluralidad de bienes, respecto de los cuales exista controversia, con la obligación de entregarlos a quien corresponda, una vez que haya quedado definida. Se entiende por controversia el debate judicial o extrajudicial entre los interesados. Como expresa Doménico Barbero: “La fisonomía de este contrato se caracteriza por la presencia de una controversia y por el interés de todas las partes en poner las cosas en manos neutrales para que sean restituidas, una vez aclarado el derecho, a quien corresponda. Cumple, por lo tanto, con una función cautelar”. El secuestro convencional tiene raíces antiguas, pues se le encuentra en el derecho romano clásico en donde se le conocía como “Secuestrum”. Para Eugene Petit, el secuestro consistía: En el depósito en manos de un tercero, secuester, de una cosa sobre la cual hay contestación entre dos o varias personas a cargo de conservarla y entregarla a la parte que gane el pleito. Con posterioridad la figura del secuestro fue incorporado a la mayoría de las legislaciones civiles y así lo encontramos en los códigos civiles de Francia, España, Suiza, Chile, Colombia, Venezuela, Uruguay, República Dominicana, México y, más recientemente, en los de Italia y Bolivia. Debemos aclarar, sin embargo, que la mayoría de las legislaciones recogen al secuestro convencional con esta denominación. Existen las que en su código civil regulan únicamente este tipo de secuestro: Cód. Civil italiano (Art. 1798), Cód. Civil francés (Art. 1956) y Cód. Civil suizo (Art. 480); y las que diferencian en el código civil expresamente el secuestro convencional del judicial:

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Cód. Civil venezolano de 1942 (Art. 1780), Cód. Civil colombiano (Art. 2276), Cód. Civil mexicano (Art. 2540), Cód. Civil uruguayo (Art. 2287), Cód. Civil chileno (Art. 2252), Cód. Civil boliviano (Art. 869) y Cód. Civil de la república Dominicana (Art. 1955). El código civil español además distingue ambas figuras con cierta confusión en la denominación. En efecto, el secuestro convencional es legislado como depósito voluntario (Art. 1763) mientras que al judicial lo denominan secuestro: (Art. 1785 a 1789). Señala Puig Brutau que “la doctrina tradicional hablaba del secuestro con referencia tanto al convencional como al judicial”. El común denominador estaba en que ambos dejan establecida la obligación de custodiar una cosa mientras se decide quien tiene derecho a la misma”. Como podemos apreciar algunos tratadistas españoles al igual que su legislación, confunden la naturaleza jurídica de esta figura. Existe, sin embargo, quienes como Luis Diez – Picazo y Antonio Gullón la ubican doctrinariamente como secuestro reconociéndole legislativamente la calidad innegable de depósito. En efecto, escriben los mencionados autores: “El secuestro puede ser también convencional, considerando como tal la medida cautelar acordada por las partes, que tiene como especialidad que la restitución a de hacerse a una sola de ellas que inicialmente esta todavía indeterminada. En nuestro derecho positivo tal figura es un genuino deposito voluntario, que el código refleja en el Art. 1763 donde menciona el depósito que realizan dos o más personas que se creen con derecho a una cosa o a parte de ella, en manos de un tercero que debe hacerle entrega en su caso a la que corresponda”. En este mismo sentido se expresa Ramón Serrano Suñer y José Santa Cruz Teijeiro, al afirmar que: “Queda limitada la doctrina del secuestro en nuestro código civil al depósito judicial al excluir de él, el llamado secuestro convencional regulado bajo las reglas del depósito voluntario regular en el Art. 1763”. En el Perú, el secuestro estuvo legislado por el código civil de 1852, pero en forma muy somera, y desapareció del texto del código civil de 1936, en vista de que no fue utilizado por más de 80 años.

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Aunque en doctrina no está muy difundido y los hermanos Mazeaud lo califican como contrato raro, se llegó a la conclusión de que el secuestro debía reincorporarse a nuestro ordenamiento legal civil, pues podría ser de utilidad, una vez divulgadas sus ventajas. Estas consisten en colocar en manos neutrales la posesión de un bien sobre el cual existe controversia, sin que necesariamente conlleve a su inmovilización, completando o corrigiendo el sistema de medidas pre cautelatorias existentes en el Perú. Es pertinente aclarar que desde la promulgación del código de 1984 hasta la fecha no hemos tenido conocimiento de la aplicación de este contrato, que no ha sido difundido. Creemos, empero, que debe mantenerse, pues no irroga perjuicio alguno. Para mayor claridad conviene señalar cuales son las diferencias esenciales entre el secuestro y el deposito voluntario, en el entendimiento de que aquel es una especie de este, pero con autonomía propia. En primer término, mientras el depositario ordinario es un sujeto fundamentalmente pasivo, en la medida que no puede usar el bien que ti ene en custodia, el depositario en el secuestro generalmente queda autorizado para realizar distintos actos de administración, lo que evita la inmovilización del bien secuestrado. En segundo término, el depósito voluntario termina por variadas causales, mientras el secuestro sólo concluye cuando así lo deciden la totalidad de los depositantes o cuando el depositario tiene razones justificadas para apartarse. Otra diferencia sustancial, señalada por Ricci, estriba en que, en tanto el depósito se hace en interés del depositante, el secuestro, se efectúa en beneficio de todos aquellos que pretenden un derecho sobre el bien en controversia. Un distingo adicional y ostensible en el secuestro es que los depositantes necesariamente deben ser dos o más, porque el contrato supone la existencia de una controversia respecto del bien que se entrega al depositario, hasta su terminación. Se advierte, de lo expuesto, que el secuestro, es un contrato a plazo incierto o indefinido, lo que no sucede necesariamente con el depósito.

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Relacionada con estas dos últimas características encontramos la siguiente, expuesta por Doménico Barbero: “Es clara también la distinción respecto del depósito, el contrato al cual puede asimilarse mayormente en que la persona a quien debe ser restituida la cosa no está aquí determinada a discreción de los contendientes, sino que resultará del reconocimiento del derecho sobre la cosa”. Manteniendo la congruencia de la tesis expuesta en la parte general, se descartó la calificación del secuestro como contrato real. Además, y en vista de sus características propias se le ha sujetado a una formalidad Ad solemnitatem, y debe celebrarse por escrito, bajo sanción de nulidad. Esta es una de las excepciones al principio de la libertad de forma consagrado en el código civil y entendida como la libertad que tienen las partes de elegir el medio mediante el cual exteriorizarán su voluntad. Se trata pues, de una formalidad ad solemnitatem establecida con el objeto de obtener para los depositantes y el secuestratario las seguridades y la precisión indispensable para esta forma de medida pre cautelatoria convencional. Tanto en el ante proyecto, como en el proyecto, se denominó, “secuestratario”, a quien recibe el bien materia de la controversia. Este es, por lo demás, el nombre que utilizan diversas legislaciones, como el código civil italiano. Empero, la comisión revisora lo sustituyo por el depositario, por cuanto el anterior no figura en el diccionario de la RAE. Por consiguiente, tenemos que distinguir entre el depositario ordinario y aquel que actúa como tal, pero bajo las reglas del contrato de secuestro. La capacidad de los sujetos debe ser plena, lo que sucede en los contratos por regla general (inc. 1 del Art. 140 Cód. Civil). Aun cuando es cierto que no existe en el secuestro un acto de disposición, también es exacto que los otorgantes pierden la posesión, uso y disfrute del bien controvertido y tienen que pagarle al depositario una retribución, todo lo cual a determinado que no se haya señalado en el código que sea celebrado por incapaces, ni siquiera relativos. El acto por el que se perfecciona es uno en el que intervienen necesariamente como minimo tres personas, pues los depositantes en controversia no pueden ser menos de dos y a ellos se suma el depositario. Como dice Pothier, “Si la cosa contenciosa es 8


depositada por uno solo de los pretendientes, es el caso del depósito ordinario y la cosa debe ser devuelta al primer requerimiento del depositante”. Esto quiere decir que existirá siempre una pluralidad de sujetos, lo que no nos debe llevar de ningún modo a confusión respecto del carácter del acto jurídico. Se trata de un acto bilateral, de ningún modo trilateral o plurilateral, en el que existen dos centros de intereses: el del secuestratario de un lado y, el de los secuestres de otro.

1.1.2. El secuestro tiene los siguientes caracteres jurídicos: a) Es un contrato principal, porque no depende de otro que le precede. El hecho de la existencia de la controversia anterior a la formación del contrato es solamente un presupuesto esencial para su existencia. b) Las prestaciones que se dan son recíprocas, pues se produce el doble juego de la prestación y contraprestación. Le son aplicables, en consecuencia las reglas contenidas en los Art. 1426 a 1433 del código civil. Descartamos, como ya hemos señalado anteriormente, la tesis según la cual el secuestro es plurilateral. Expresa Meccineo a este respecto que, “la necesaria pluralidad de personas secuestrantes deriva de la circunstancia de que, para que exista una controversia respecto de una cosa, es necesario que sean al menos dos los contendientes (pero, se comprende que puedan ser también más de dos)”. Sin embargo, el secuestro convencional no podría nunca adscribirse al tipo del denominado contrato plurilateral, puesto que, si bien las personas que participan en él son más de dos, las partes son siempre dos; secuestratario de un lado y secuestrante del otro. c) Es oneroso en principio, poes ordinariamente los depositantes convienen en efectuar el pago de una remuneración al depositario, a cambio del servicio que éste les presta (Art. 1786). Empero, nada impide que la función sea desempeñada a título gratuito, lo que a nuestro entender deberá constar expresamente de los términos del contrato o, cuando menos, en forma indubitable. d) Es personalísimo Intuitu Personae, pues los depositantes, escogen al depositario en razón de sus calidades personales (seriedad, capacidad administrativa, experiencia, 9


etc.) de modo que no puede ceder su función a un tercero sin la aceptación de las demás partes contratantes. e) Es formal ad solemnitatem, según se explica al comentar el artículo 1858. f)

Es conmutativo, pues parte de hechos ciertos y determinados por las partes contratantes.

g) Es un contrato de conservación ya que su finalidad es cautelatoria. h) Es de ejecución continuada, desde que se extiende durante el tiempo de su duración y se ejercita sin solución de continuidad, tanto en lo que atañe a la custodia como a la administración, si su naturaleza lo permite. i)

Es típico, porque está regido por una determinada disciplina legal

j)

Finalmente, debemos indicar que se extiende a toda clase de bienes, pues el Art. 1857, no hace distingo alguno, pero en la medida en que sean susceptibles, cuando menos del deber de custodia.

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CAPÍTULO II 2.1. Secuestro 2.1.1. Definición Art. 1857.- Por el secuestro, dos o más depositantes confían al depositario la custodia y conservación de un bien respecto del cual ha surgido controversia. Siguiendo la técnica legislativa empleada en el código, se ha definido el secuestro, precisando su característica esencial, que es la custodia y conservación de un bien respecto del cual existe controversia. Se trata de este modo, de sustraer el bien objeto de controversia entre dos o más personas confiándoselo a un tercero, de tal modo, que se evita que los litigantes dispongan de dicho bien mientras dure el litigio. El secuestro convencional, como expresa Francesco Messineo, “Tiene estrecho parentesco, en cuanto a la función, con el secuestro judicial, aunque se distinga de él por su carácter de instituto de derecho sustancial y por su índole contractual. Tal parentesco deriva de la finalidad cautelar, que es común a dos institutos; en ambos, la custodia se califica como instrumento, más que como finalidad. La finalidad cautelar es impresa, a este contrato, por las circunstancias que nacido una controversia respecto de la cosa, y que es necesario esperar su definición; pero, entre tanto, hay que impedir que la cosa controvertida sea destruida, deteriorada, alterada o sustraída”. De esta definición surge con claridad el parecido entre este contrato y el depósito voluntario, desde que en ambos el elemento básico radica en el deber de custodia y conservación. Pero también destaca el carácter de medida pre cautelatoria que es propia del secuestro, dado que necesariamente se asocia con la existencia de una controversia entre los depositantes.

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La obligación de custodia es el factor más importante del secuestro y sobre ella hay opiniones divididas. En efecto, muchos tratadistas afirman que la responsabilidad de quien la asume es del depositario, de donde son aplicables las reglas que existen en el contrato de depósito. Carlos Drago Correa, manifiesta que "El secuestratario (depositario en el código civil vigente) en cuanto a su diligencia, debe conducirse con la prudencia normal". Y añade: “A diferencia del depósito está obligado a dar los cuidados especiales que la cosa exija”. Este planteamiento no ha prosperado en el código, pues no existe norma que así lo establezca y, salvo pacto que acentué la responsabilidad, el secuestratario (depositario) no tiene mayor obligación que la de poner la diligencia ordinaria exigida por la naturaleza de la obligación y que corresponda a las circunstancias de las personas, del tiempo y del lugar (Art. 1820 CC), de acuerdo con la revisión que hace el art. 1867 del CC. En efecto, no se encontró razones suficientes para ser más rigurosa la responsabilidad del secuestratario, como preferimos denominarla. En este artículo se encuentra claramente establecida la obligación del secuestratario de conservar y custodiar el bien sujeto a controversia. Esta obligación tiene su fin natural en el cumplimiento de otra obligación del secuestratario, que es la de restituir el bien. El código civil no la ha consignado por considerarla como un valor entendido.

2.1.2. Formalidad Ad solemnitatem Art. 1858 CC. El contrato debe constar por escrito, bajo sanción de nulidad. La importancia que ofrece el secuestro en cuanto concierne a la existencia de un conflicto que atañe a dos o más personas, y adicionalmente, el hecho de que conforme a la naturaleza del bien deba el secuestratario (depositario) administrarlo, hizo necesario que su celebración tenga que constar por escrito, bajo sanción de nulidad. Sería, en efecto, riesgoso y susceptible de generar confusión con otras figuras si el secuestro pudiera ser probado por cualquiera de los medios que permite la ley, esto es, en función del principio de la libertad de forma. 12


El Art. 1858 solo exige la formalidad documentaria, que puede ser tanto un instrumento privado como público. Se sugiere que en el futuro el contrato sea a plazo indeterminado para evitar que no se pueda invocar el artículo 1365 del código civil. Nosotros discrepamos de esta sugerencia por aplicación del artículo 1865.

2.1.3. Administración del bien Art. 1859.- Cuando la naturaleza del bien lo exija, el depositario tiene la obligación de administrarlo. Este dispositivo es uno de los más importantes del secuestro, pues supera la inercia propia del depósito voluntario y dispone que el secuestratario debe administrar los bienes que tenga bajo custodia y conservación. La obligación a que se refiere el precepto está vinculada con la naturaleza de los bienes que el secuestratario tiene bajo custodia, ya que mientras algunos deberán ser administrados, otros no podrían serlo. Debe indicarse que en virtud de las obligaciones de un administrador, los frutos o su valor y las rentas que se obtengan tendrán que ser entregadas por el secuestratario a la persona a quien en definitiva se le reconozca el derecho sobre el bien cuestionado. El hecho de que el depositario administre los bienes que se le entregan requiere una aclaración, bien explicada en el trabajo de Drago Correa, cuando manifiesta que ello “no implica que se le sujete a responsabilidad por cuanto que la cosa no rindió los frutos que la parte adjudicataria esperaba. Para graficar mejor la figura, pondremos el ejemplo de un hotel. En este caso, el secuestratario (el depositario) deberá alquilar los cuartos y percibir la renta, pero de modo alguno tendrá la obligación, por ejemplo, de iniciar una campaña publicitaria a efectos de que el bien rinda mayores frutos, salvo pacto en contrario”. 13


Desde el momento en que el secuestratario (depositario) administra el bien o bienes entregados en secuestro, estará, obligado a dar cuenta de esa función. El código no se ha referido a ella porque lo consideró como un valor entendido. Será suficiente que los interesados (depositantes) lo soliciten, para que deba cumplirse esta obligación. Y solo si existiera resistencia para hacerlo, habrá entonces que recurrir al poder judicial, ciñéndose el procedimiento al juicio de rendición de cuentas a que se contraen los artículos 475 y siguientes del código procesal civil. Citando a León Barandarián al comentar el artículo 1636 del código civil de 1936, Drago Correa indica que “no se trata de una simple rendición de cuentas en sentido contable, sino de una puesta en conocimiento del mandante de los actos pertinentes relativos al encargo realizado. Por eso el precepto habla de “cuentas”, es decir, informar al mandante quien naturalmente en su calidad de dominus tiene interés legítimo de conocer acerca de la manera en que se ha llevado a cabo el cometido, en que ha consistido el encargo”. La obligación de administrar el bien comprende también, como consecuencia de ella, la de rendir cuentas. Al respecto, una sentencia de casación civil de la corte suprema de justicia de Colombia explica que: “Es naturaleza jurídica del encargo recibido la que impone la necesidad de que el secuestre, por el hecho mismo de administrar lo ajeno, cumpla con el deber de dar cuenta de su gestión “al futuro adjudicatario” de la cosa: si así no procede, nace para este la facultad de exigirle coercitivamente el cumplimiento de tal obligación dentro del mismo proceso en que se practicó el depósito, si su tramitación no ha concluido, o en juicio especial de caso contrario”.

2.1.4. Terminación de pleno derecho Art. 1860.- Cualquier contrato que celebre el depositario de conformidad con lo dispuesto en el artículo 1859, concluye de pleno derecho si, antes del vencimiento del plazo, se pusiere fin a la controversia. 14


En la hipótesis de que el depositario administre el bien que tiene en custodia, cualquier contrato que celebre en ejercicio de esta facultad es precario (arrendamiento, etc.) y deberá concluir, pues el secuestro termina desde que se le pone fin a la controversia, lo cual confiere plena libertad de acción a quien sea favorecido por su resultado.

2.1.5. Enajenación del bien Art. 1861.- En caso de inminente peligro de pérdida o grave deterioro del bien, el depositario puede enajenarlo con autorización del juez y conocimiento de los depositantes. Este es otro precepto que se aparta de las reglas del depósito voluntario, cuando permite al depositario enajenar el bien que le haya sido confiado, siempre que exista inminente peligro de pérdida o grave deterioro y estando además obligado a solicitar autorización judicial, con conocimiento de los interesados, para evitar excesos o abusos de su parte. Todo induce a pensar que este precepto tendrá principalmente cabida cuando el secuestro recaiga sobre muebles, ya que casualmente son los que por su naturaleza están expuestos al riesgo de perecimiento o grave deterioro. Así lo delimita expresamente el segundo párrafo del artículo 1800 del código civil italiano. Empero, como no se ha hecho distingos, no existe tampoco razón para desestimar su aplicación respecto del secuestro de bienes inmuebles, si es que se dan sus presupuestos. Se ha introducido esta norma en protección de los derechos y expectativas de los depositantes, teniendo en cuenta su pluralidad y la discrepancia que podría surgir respecto de las medidas a seguir en caso de inminente peligro, con la consiguiente pérdida de tiempo y el riesgo que esto importa. No existe duda alguna respecto a la invocación del artículo 1859, cuando los bienes entregados en secuestro son productos alimenticios u otros consumibles y deteriorables. En cambio, estimados cuando menos discutible su vigencia en caso de que se trate de dinero (riesgo de una devaluación monetaria y conversión en moneda más dura), de acciones de 15


una empresa que se encuentra en difícil situación económica, con peligro de que pierda su capital, o valores cotizados en Bolsa y que tengan una peligrosa tendencia a la baja, para poner algunos ejemplos. Pensamos que, en definitiva, corresponderá al juez evaluar cada caso, de acuerdo con sus características, y que a su leal saber y entender otorgará o rechazará la solicitud de autorización para la enajenación, hecha por el secuestratario (depositario).

2.1.6. Incapacidad o muerte del depositario Art. 1862.- Si el depositario deviene incapaz o muere, los depositantes designarán a su reemplazante. En caso de discrepancia, la designación la hace el juez. Este artículo se pone en el caso de que el depositario devenga incapaz o fallezca. Tratándose de una función de confianza, no será reemplazado, ni por sus representantes ni por sus herederos y el secuestro concluirá en cuanto a él atañe, debiendo los depositantes nombrar un reemplazante de común acuerdo y, de no lograrlo, la designación del nuevo secuestratario (depositario) será hecha por el juez. Se advierte de lo expresado que el código trata de conservar en vigencia la medida precautelatoria, aun cuando en este caso cambie la persona del depositario. ¿Qué sucederá durante el tiempo que medie entre la incapacidad o fallecimiento del depositario y la designación de su reemplazante? Esta situación no ha sido prevista en el código, pero consideramos que los herederos deberán conservar el bien en ese lapso, pues en estos casos no es operante la devolución a los depositantes. Vale la pena indicar que no solo las personas naturales sino también las colectivas o jurídicas podrán desempeñar la función. En esta hipótesis, dichas personas tendrán que nombrar a la persona natural que realice los actos y gestiones propias del secuestro. Los dos casos contemplados en el Art. 1862, son los únicos en los cuales el secuestro subsiste en la persona que señalan los depositantes o que nombre el juez, salvo que en el mismo contrato se hayan previsto otros motivos, tales como la renuncia o la función, el impedimento sobrevenido y otros análogos. Pero no significa que el secuestro no se extinga 16


por otras razones, como puede ser el acuerdo entre los depositantes o mutuo disenso (art. 1313) por rescisión (art. 1370) o resolución (art. 1371) y, en general, por las demás causales de extinción de las obligaciones.

2.1.7. Responsabilidad solidaria Art. 1863.- los depositantes son solidariamente responsables por el pago de la retribución convenida, los gastos, costos y cualquier otra erogación que se derive del secuestro. El depositario puede retener el bien en tanto no le haya sido satisfecho su crédito. El código confiere al depositario la protección necesaria respecto del pago de la retribución, cuando ha sido convenida, así como de los gastos, costos, y, en términos generales de cualquier erogación derivada del secuestro y que haya sido satisfecha por él, siendo los depositantes solidariamente responsables por estos conceptos y estado el depositario autorizado a ejercitar el derecho de retención mientras no se produzca dicho pago. Se ha propuesto con acierto que la responsabilidad de los depositantes también sea indivisible. Los depositantes vencidos en juicio tienen la obligación de pagar las costas del mismo al depositante que en definitiva se le reconozca el derecho sobre el bien cuestionado. El código civil italiano establece en su art. 1802, que el secuestratario tiene derecho a compensación si no se ha pactado otra cosa; pero, en este casi debe entenderse compensación como sinónimo de retribución. Se supone que la retención a que se refiere este precepto es temporal y convendría agregar que podría solicitar el remate judicial del bien retenido.

2.1.8. Desposesión 1864.- el depositario que sea desposeído del bien puede reclamarlo a quien lo tenga en su poder, incluyendo cualquiera de los depositantes que lo haya tomado sin consentimiento de los demás i sin mandato del juez. Dado que el secuestratario debe custodiar y conservar el bien controvertido, es necesario que tenga la facultad de recupéralo en caso de desposesión, pues de otro modo, el secuestro se extinguirá por faltar el objeto de la prestación.

2.1.9. Liberación del depositario 17


Articulo 1865.- el depositario puede ser liberado solo antes de la terminación de la controversia con el asentimiento de todos los depositantes o por causa justificada a criterio del juez. A diferencia del depositado voluntario, en la cual existen diversas causales por las que el depositario puede quedar liberado de su obligación, en el secuestro esto se da solo antes de la terminación de la controversia, cuando concurre la voluntad de todos los depositantes o cuando el secuestratario tiene razones justificadas para apartarse de su compromiso, las que en definitiva serán evaluadas por el juez (impedimento sobreviniente, enfermedad grave, ausencia obligada y otros caso análogos). Esta norma constituye una medida de seguridad adicional para los depositantes, que de otro modo se verían expuestos a aquel convenio precautelatorio pueda quedar disuelto por la voluntad del depositario en cualquier tiempo y sin ningún razón valedera, siendo así que su compromiso está relacionado con la existencia y terminación de la controversia.

2.1.10. Entrega del bien Art. 1866.- el bien debe ser entregado, conforme al resultado de la controversia, a quien le corresponda. Francesco Messineo señala que “el secuestro convencio0nal no imprime, sobre la cosa secuestrada, una marca objetiva de indisponibilidad, operante en favor del secuestrante, sino que crea una obligación personal del secuestratario de no restituir la cosa más que a la persona a quien corresponderá una vez definida la controversia, y cuya eventual violación expone al secuestrario al resarcimiento del daño, pero no afecta a la cosa secuestrada”. Como se expresara anteriormente, el secuestro está ligado a la existencia de una controversia respecto de un bien o pluralidad de bienes. Por lo tanto y una vez concluida dicha controversia, el depositario no podrá retener el bien y estará obligado, por el contrario, a ponerlo a disposición de aquel que corresponda, conforme al resultado de la misma; con la salvedad del derecho de retención establecido en el art. 1863.

2.1.11. Remisión Art. 1867.- rigen para el secuestro las normas del depósito voluntario, en cuanto sean aplicables. Como se expusiera en los conceptos generales del secuestro, con las diferencias que aparecen de su propia estructura, guarda similitud con el contrato de depósito y, por lo tanto,

regirán los preceptos relativos al cuidado que debe ponerse en la custodia y 18


conservación de los bienes entregados en secuestro; al ejercicio de la custodia y conservación de modo diverso del convenido, cuando se trata de una situación de urgencia; a la prohibición de utilizar y servirse del bien depositado en beneficio propio; a las normas sobre deterioro, perdida o destrucción del bien secuestrado; a la entrega del bien una vez concluida la controversia, en el estado e que se encuentre y con sus accesorios, frutos o el importe de los mismos y rentas, etc.

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Shereiber, M. (2011). Exegesisdelcódigocivilperuanode1984. (2° ed.). Lima: Editorial el Búho. Petit, E. (1980). Tratado elemental de derecho romano. Buenos Aires: Albatros. Código Civil Peruano. Fuente de las Obligaciones. Capítulo sexto. Secuestro.

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Contrato de Secuestro

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